Sin ver las cuentas, nadie puede decirlo con honestidad. Lo que sí puede adelantarse es el orden de magnitud: la mayoría de las pymes rentables españolas se mueven entre cuatro y siete veces su EBITDA normalizado, menos la deuda financiera neta. Ahora bien, ese rango se estrecha o se desploma en función de la recurrencia de los ingresos, de la concentración de clientes y de cuánto dependa el negocio del socio que lo va a abandonar. Y si la empresa no gana dinero de forma recurrente, el múltiplo no aplica y hay que ir al valor de liquidación o al valor de sus activos.

El trabajo de fondo sí; el informe, no siempre. Una valoración para negociar se presenta como un rango con hipótesis discutibles, porque su función es sostener una posición. Una valoración con efectos fiscales —una donación, una operación vinculada, una aportación no dineraria— debe además encajar con las reglas de valoración que impone la norma tributaria, que en algunos casos fija mínimos concretos, como ocurre con el artículo 37 de la Ley del IRPF. Lo habitual es partir del mismo análisis y emitir el documento que corresponda a cada uso.

Porque valorar no es medir. Dos profesionales competentes pueden discrepar legítimamente en la tasa de descuento, en el crecimiento a perpetuidad, en qué partidas son recurrentes y en qué descuento por iliquidez aplicar a un paquete minoritario. Lo que no es legítimo es que la discrepancia no pueda explicarse: si un informe no permite reconstruir de dónde sale cada hipótesis, el problema no es la cifra, es el informe. Por eso una segunda opinión empieza siempre por revisar las hipótesis, no el resultado.

Depende del alcance. Un informe orientativo sobre una pyme con la contabilidad ordenada se entrega en una o dos semanas. Un informe completo, con normalización detallada, proyecciones y análisis de sensibilidad, entre tres y cinco semanas. Un dictamen pericial destinado a un procedimiento judicial o a una comprobación de valores lleva más, porque incorpora documentación probatoria y se redacta pensando en que será contradicho. Siempre se presupuesta con honorarios cerrados antes de empezar: los detalles están en plazos y honorarios.

Como mínimo, las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, el balance de sumas y saldos actualizado, el detalle de la deuda financiera y de los saldos con socios, la relación de inmuebles y su situación, los contratos relevantes con clientes y proveedores, la plantilla y la situación fiscal de la sociedad. Con eso se puede trabajar; el resto se pide sobre la marcha. La lista completa está en el checklist de información.

Sí. LRB Tax & Legal tiene oficinas en Madrid y delegación en Palma de Mallorca, y trabaja con cobertura nacional. La mayor parte del trabajo de valoración se hace sobre documentación e información remitida, con reuniones por videoconferencia, y las visitas presenciales se reservan para lo que realmente las exige: instalaciones industriales, inmuebles relevantes o entrevistas con el equipo directivo.